Yaquis mantiene exigencia por justicia entre asesinatos y desapariciones


Desde el pasado mes de marzo, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó un proceso de medición y deslinde en diversos predios agrícolas del sur de Sonora, con el propósito de determinar cuáles son territorio indígena y de particulares.

El Plan de Justicia al Pueblo Yaqui para restituir su territorio y recursos naturales avanza poco a poco en medio de asesinatos, la desaparición de activistas y con grandes intereses económicos en juego, mientras los terratenientes temen la expropiación de sus terrenos en Sonora, noroeste de México.

La lucha histórica más encarnizada de la tribu yaqui por la tierra y el agua data de finales del siglo XIX, que terminó con las deportaciones de los indígenas desde Sonora a la península de Yucatán (sureste).

El Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) trató de hacerles justicia para restituirles sus derechos, lo que generó múltiples conflictos que prosiguieron hasta el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien aprobó la expropiación de 2 mil 688 hectáreas que fueron entregadas a la tribu.

Desde el pasado mes de marzo, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó un proceso de medición y deslinde en diversos predios agrícolas del sur de Sonora, con el propósito de determinar cuáles son territorio indígena y de particulares.

Estas acciones ya han generado un conflicto entre el Gobierno, los yaquis y quienes se declaran propietarios de esos terrenos, en su mayoría agricultores y en menor parte ganaderos.

TEMOR A LAS EXPROPIACIONES

Los propietarios de ranchos y terrenos en las inmediaciones del territorio indígena temen que las mediciones sean la antesala de un proceso de expropiación como ocurrió en el sexenio de Zedillo y advierten que el plan de Justicia Yaqui sea una injusticia contra decenas de familias, ejidatarios y terratenientes.

Uno de las comunidades afectadas es La Matanza, un pequeño poblado, donde desde 1930 habitan unas 12 familias descendientes de Rosario Hernández Matus.

Los títulos de propiedad de las tierras están a su nombre y datan de hace 90 años gracias a dos decretos -uno por la tierra y otro por el agua- a favor de los Yaquis.

Juan Gutiérrez Limón, nieto de Rosario Hernández, afirma que el terreno de su familia tiene una extensión de mil 600 hectáreas que limitan con el territorio de la tribu Yaqui, donde se dedican a la ganadería, pesca y agricultura.

Gutiérrez Limón denuncia que los Yaqui reclaman toda la propiedad como suya por lo que teme perder todo su patrimonio.

Respecto al proceso de medición y deslinde, la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha pedido a quienes consideren que sus derechos e intereses puedan verse afectados que presenten sus documentos en Hermosillo, capital de Sonora.

“El procedimiento no implica ningún proceso expropiatorio y todas las personas interesadas serán escuchadas. Este es un proceso de regularización de tierra que respetará toda propiedad social y privada, debidamente probada. Además, se revisarán los casos en cuya posesión de la tierra sea susceptible de ser regularizada”, aseguró la SEDATU.

ASESINATOS Y DESAPARICIONES

Desde que comenzó el proceso de medición y deslinde se han sucedido varios crímenes contra indígenas yaquis que lideraban la lucha por la tierra y el agua.

El 1 de mayo fue asesinado a balazos Agustín Valdez, quien era el jefe de seguridad de la Guardia Tradicional y estaba a cargo del bloqueo a la Carretera Federal México 15 que lleva más de dos años afectando a turistas y transportistas.

La víctima era hijo de Guillermo Valdez Castillo, Gobernador en Loma de Guamúchil, uno de los ocho pueblos de la tribu Yaqui.

El 27 de mayo, Tomás Rojo Valencia, líder y portavoz indígena del Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua, desapareció sin dejar rastro, en Vícam, capital de la Nación Yaqui.

Además, el 8 de junio en pleno Centro de Ciudad Obregón fue acribillado a balazos el líder indígena Luis Urbano Domínguez Mendoza, quien al igual que el resto de las víctimas, tenía años de lucha política y social por la preservación de los recursos naturales de los Yaqui.

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui incluye también la construcción de una universidad indígena, la instalación de plantas potabilizadoras de agua en distintos pueblos y la dignificación de miles de hogares en el territorio.

Además de los intereses de los terratenientes, se acumulan temas por resolver como la infraestructura pública y privada que atraviesa 90 kilómetros del territorio Yaqui, las líneas de conducción eléctrica, el gasoducto (IEnova), el oleoducto de Pemex, la Carretera Federal México 15 (SCT), la fibra óptica (Telmex) y las vías del tren (Ferromex).

La otra gran discordia se centra en la operación del Acueducto Independencia que sirve para abastecer a medio millón de habitantes de Hermosillo, capital de Sonora, con agua de la cuenca del Río Yaqui, que los indígenas han impugnado y las autoridades aún no han resuelto.

Cancelar esta obra significaría poner en riesgo el suministro de agua a miles de familias en medio de la sequía más extrema en la historia moderna.

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