Vinculan a proceso a exalcalde de Opodepe por "desplifarrar" en compras


Los hechos fueron comprobados gracias a una investigación de la FAS, así como a las denuncias y pruebas que aportó el exsíndico procurador de esa localidad

El ex presidente municipal de Opodepe, Sonora, en el periodo 2015-2018, Miguel “N” fue vinculado a proceso penal por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) por el delito de peculado.

Los hechos fueron comprobados gracias a una investigación de la FAS, así como a las denuncias y pruebas que aportó el exsíndico procurador de esa localidad, por haber realizado la compra de bienes muebles de forma discrecional en el mes de agosto del 2018.

Información de la Fiscalía Anticorrupción indica que en esa fecha realizó en representación del Municipio un contrato de compraventa de una retroexcavadora, marca CASE, modelo 1991, por la cantidad de 240 mil pesos, mientras que en septiembre del mismo año, efectuó la misma operación, pero de un vehículo pick up, marca Dodge Ram, modelo 2018, por la cantidad de 146 mil 500 pesos.

Estos actos no cumplieron con los requisitos legales para tales efectos, además de que no fueron aprobados por el Cabildo para que se realizaran dichas compras de forma directa fuera de subasta pública, por lo que la FAS determinó que el ex funcionario se aprovechó del poder del cargo que desempeñaba como presidente municipal para satisfacer indebidamente intereses particulares.

“Con relación a lo anterior y por la probable comisión del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, contenido en el artículo 180 en su fracción IX del Código Penal para el Estado de Sonora, el ex servidor público tendrá que responder por el cargo que se le imputa, dentro del cual podría enfrentar una pena de uno a ocho años de prisión, inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos”, señala la información de la FAS.

Todo lo que realice un servidor público tiene que tener sustento en la ley, enfatiza el comunicado de la Fiscalía, de lo contrario se comete una falta administrativa o bien un posible delito; por ello, se exige que cumplan con la ley y si se detecta denunciarlo inmediatamente.

“En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar”, concluye el comunicado.

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