Van a tener que regresar 200 mdd al gobierno por caso Fertinal: AMLO


En mayo de 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a un alto funcionario de Pemex por la compra de una planta industrial de Fertinal. La sanción para el mando fue histórica: 620 millones de pesos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este domingo que van a tener que regresar los 200 millones de dólares que se pagaron a sobreprecio por la planta de fertilizantes chatarra que fue adquirida por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Quien tenga esa responsabilidad -ya hay un detenido por eso- va a tener que pagar, va a tener que devolver esos 200 millones de dólares al gobierno", señaló el mandatario.

En mayo de 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a un alto funcionario de Pemex por la compra de una planta industrial de Fertinal. La sanción para el mando fue histórica: 620 millones de pesos.

El Universal reveló que de acuerdo con documentación entregada por un “informante” bajo pena de perjurio, según las leyes de la Unión Americana, al Departamento de Justicia de ese país y a la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y agencia del gobierno de esa nación, Peña Nieto recibió un soborno por “autorizar” la compra de la plata de fertilizandes de Grupo Fertinal que era privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y al erario.

El nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadounidenses y que apunta a su “aprobación”, a cambio de sobornos, para que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares por Fertinal, “cuando esta empresa era efectivamente insolvente, con cientos de millones de dólares en deuda”.

La empresa, anteriormente conocida como Fertimex, fue una de las  privatizaciones del estado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Esta semana, el ex director de la compañía estatal Petróleos Mexicanos desistió de luchar contra la extradición y aceptó regresar a México para cooperar en las investigaciones de posible corrupción, informó el martes el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

La policía española arrestó a Emilio Lozoya en la ciudad de Málaga en febrero, en virtud de una orden internacional expedida por México.

Gertz Manero dijo que los fiscales mexicanos habían obtenido órdenes de arresto contra Lozoya con base en investigaciones paralelas sobre los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht y la compra a precio inflado de una planta de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, se filtró la información del arresto y Lozoya huyó de México.

Lozoya ha negado en repetidas ocasiones haber cometido delito alguno.

Las autoridades pasaron ocho meses buscándolo en todo el mundo, agregó Gertz Manero.

Lozoya será enviado a México tan pronto como se puedan finalizar los detalles de su traslado, agregó.

Lozoya fue director de Pemex entre 2012 y 2016, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

A finales de 2016, Odebrecht alcanzó un acuerdo con autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y Suiza para pagar millones de dólares en sanciones. Como parte del pacto, la constructora reveló detalles de sobornos pagados en distintos países. Señaló que realizó un pago de 10,5 millones de dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014. Lozoya ha negado haber aceptado algún soborno.

El escándalo tomó mayores dimensiones a finales de 2017, cuando se difundieron una serie de videos de declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, incluyendo de su exdirector en México, Luis de Meneses. En las cintas se implica directamente a Lozoya, quien en 2012 fue parte fundamental de la campaña presidencial de Peña Nieto.

A pesar de que las revelaciones de Odebrecht desencadenaron una ola de investigaciones por corrupción en distintos países de Latinoamérica, Lozoya es el primer funcionario mexicano arrestado en relación al escándalo.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera — que combate el lavado de dinero —, Santiago Nieto, había declarado previamente que los abogados de Lozoya habían discutido la posibilidad de que su cliente revelara información de otros posibles casos a cambio de una sentencia suspendida.

″“Lo que ha hablado con sus abogados es que el Código Nacional de Procesos Penales permite un criterio de oportunidad y extinguir la acción penal, siempre y cuando dé información creíble y cierta respecto a superiores jerárquicos que estuvieran involucrados”, declaró Nieto.

Nieto dijo en una entrevista realizada en mayo pasado que su oficina aún no tenía evidencia que vinculara los supuestos delitos de Lozoya con otros funcionarios de alto rango en el gobierno de Peña Nieto.

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