Aguacates y tráfico de armas, la combinación criminal que asfixia a Michoacán

     

Las hectáreas de aguacatales trajeron bonanza a los pobladores, pero en México el dinero siempre atrae la atención del crimen organizado.

Linda se vio obligada a dejar su hogar en Ixtaro, Michoacán, en febrero de 2021. Escondida en una camioneta bajo unas cobijas, tomó a sus hijos y huyó de las amenazas del cartel. Su hermano Willie, un militar retirado, se había enfrentado al grupo que controlaba el pueblo y después de un enfrentamiento, logró herir a algunos y asesinar a otros. Su cuerpo fue hallado con señales de tortura a unos kilómetros. Pero estos grupos criminales ni perdonan ni olvidan; uno de los heridos buscaba venganza y Linda sabía que si no escapaba la siguiente sería ella. O sus hijos.La organización criminal Pueblos Unidos había tomado el pequeño pueblo, de tan solo 1.500 habitantes, intentando hacerse con el control de la producción de aguacate. Nació como un grupo de autodefensa para supuestamente defender a los pobladores de Los Viagras, uno de los grupos armados más sanguinarios de Michoacán. Las altas cuotas que este cartel había impuesto empezaron a ahogar a los productores locales, que tenían que pagar entre 3.000 y 5.000 pesos por hectárea (entre 150 y 250 dólares, al cambio de principios de 2021).
En menos de un año, Pueblos Unidos armó a los productores aguacateros. El negocio era redondo; ellos mismos vendían las armas a precios exorbitantes y la gente estaba obligada a comprarlas. “En cada familia mínimo tenía que haber un arma”, cuenta Linda. A su familia le vendieron un rifle por 100.000 pesos y tuvieron que juntar el dinero entre todos.
Los integrantes de Pueblos Unidos llegaron a Ixtaro presentándose como campesinos preocupados por la presencia de grupos criminales. Le pidieron a la comunidad que escogiera a algún líder o representante para que actuara como intermediario. Pero cuando Los Viagras abandonaron el pueblo, esta nueva organización se hizo con el control de laboratorios, casas y armas. En muy poco tiempo quedó claro que eran otra banda delictiva.
El aguacate había llegado tan solo una década atrás; Ixtaro, como muchos de los pueblos, cultivaba milpas o duraznos. Las hectáreas de aguacatales trajeron bonanza a los pobladores. Las casas de adobe empezaron a ser de ladrillo, las calles se pavimentaron y, en general, había más efectivo en circulación.
Pero en México el dinero siempre atrae la atención del crimen organizado. Extorsiones y secuestros se volvieron rutina en un territorio donde el Cartel Jalisco Nueva Generación busca deshacerse de todos los rivales y reinar. Las localidades de Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre y Uruapan, todas en Michoacán, son escenario de disputas entre grupos armados.
“Se ha transformado en un negocio mucho más complejo”, afirma la profesora de la Universidad de Brown Ieva Jusionyte, que plasmó años de investigación sobre tráfico de armas en su libro Exit Wounds. El tráfico de drogas requiere de más planeación y riesgos; poseer armas le da al crimen organizado el poder de extorsionar y secuestrar a campesinos. “Es más fácil ese negocio”, agrega nite.
Arriesgarse a no cumplir con los requisitos del cartel tiene consecuencias fatales. Un campesino de Ario de Rosales cuenta que se ha convertido en algo usual encontrar cuerpos en sus tierras. “El segundo cuerpo que encontramos, les digo que ya la cabeza no la tenía”, dice. Y la razón por la que compran ellos mismos las armas es para no comprometerse con Pueblos Unidos. “Uno quiere deberles lo menos… mejor ahorrar”, dice.
México actualmente es el mayor exportador de aguacates del mundo, lo que representa un mercado de alrededor de 3.000 millones de dólares, y el Estado de Michoacán concentra el 75% de la producción. Es un negocio que no para de crecer; la exportación a Estados Unidos pasó de 121.600 toneladas métricas en 2019 a cerca de 135.000 en 2022. El suculento negocio atrajo así a los carteles, que a lo largo de los años han diversificado sus actividades.
Irene Álvarez, académica que ha investigado grupos de autodefensa en diferentes regiones de Michoacán, explica que este Estado es uno de los que lidera la ramificaciones de la delincuencia organizada, y esto se debe en gran medida a la agroindustria. A la enorme producción de aguacate, de hecho, hoy se le unen las berries o frutos rojos silvestres.
“Michoacán tiene un fenómeno de boom de la agroindustria y ese dinero de alguna manera genera dinámicas de violencia particulares”, asegura Álvarez. Ixtaro es un ejemplo de estas dinámicas. En esta región el pago de las cuotas a los cárteles se instauró mucho después que en otras regiones como Tierra Caliente, entre Guerrero y el Estado de México. La supuesta paz que el pueblo compró al adquirir armas y permitir la entrada de Pueblos Unidos terminó en desgracia. Al líder elegido por la comunidad y a sus hermanos los asesinaron por oponerse a aumentar la siembra de aguacates, argumentando que la escasez de agua terminaría siendo un problema para todos los productores. Willie, el hermano de Linda, también murió intentando defenderlos. Sus restos descansan en el panteón del pueblo, donde muchos tienen familiares que se han convertido en parte de las estadísticas de la guerra contra el narco.
El tráfico de armas que ingresan a México es coordinado por organizaciones criminales que cuentan con miembros en ambos lados de la frontera norte. El proceso inicia con la compra de un arma en Estados Unidos y su registro de manera legal, generalmente a través de prestanombres. Casi siempre, quienes realizan las compras “son ciudadanos estadounidenses”, explica Ieva Jusionyte que operan en estados fronterizos como Arizona o Texas. Sin embargo, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) ha rastreado en México armas provenientes de 50 estados.
Los traficantes esperan hasta acumular varias compras para que después otra persona de la misma organización lleve la mercancía a un punto en la frontera, donde un tercer integrante se encarga de cruzarlas.
“No hay inspección del lado mexicano” asegura Timothy Sloan, antiguo agregado de la ATF en México, por lo que la cantidad de armas incautadas en la frontera es muy pequeña. Aprovechándose de la falta de control por parte de oficiales mexicanos, estas personas a menudo esconden las armas dentro de las puertas de los autos, en tanques de diésel, o las desarman para dificultar su identificación. “Tengo registros de historias, por ejemplo de una persona que pasó su arma como una silla para bebé”, agrega Irene Álvarez.
El cruce fronterizo de San Ysidro, en Tijuana, es uno de los más utilizados para cruzar armas; aunque las leyes en California son menos laxas, muchas veces los traficantes llevan las armas a este punto por que saben que es muy concurrido.
La operación involucra a una cadena de al menos cinco personas, por lo que cuando la mercancía llega a México su costo ya ha aumentado tres o cuatro veces. Al igual que las drogas que viajan hacia el norte, a medida que el arma se aleja de la frontera, más aumenta su valor. Las ventas se realizan principalmente a través de grupos de whatsapp.
Así llegó a México una de las armas usadas en el crimen que acabó en el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros en marzo de 2023. Secuestrados por una organización criminal, fueron hallados cuatro días después. El arma fue rastreada hasta remontar a su compra, realizada por un hombre estadounidense que admitió saber que llegaría a manos del Cartel del Golfo y recibió 100 dólares por el negocio.
El flujo de armas en México es regulado por los militares, pero la falta de transparencia contribuye a que no se conozca cuántas hay realmente. Algunos estiman que circulan unos 15 millones, de las cuales 85% proceden del tráfico ilegal.
Lisa Sánchez, directora ejecutiva de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), explica que desde 2017 el Gobierno tiene la obligación, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de elaborar un Registro Nacional de Armas Municiones. “Y ese registro o no se ha hecho o si ya se hizo, no es público”, afirma. Sánchez sostiene que así se genera un vacío para cuantificar el mercado de armas, incluyendo un registro de armas desviadas a mercados ilícitos. “¿Qué pasa con aquellas armas, por ejemplo, que se pierden o son robadas?”, cuestiona la experta.
El Ejército mexicano aseguró en junio que a lo largo del sexenio decomisó más de 39.000 armas ilegales. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda penal contra 11 armerías de Massachusetts que fue desestimada, pero recurrió la decisión. La Secretaría de Relaciones Exteriores interpuso después otra acción legal, de carácter civil, en Arizona, pendiente de resolución.
En cualquier caso, el problema, más allá de cuántas armas haya, es el tipo de armas. “En esta guerra [contra el narco] hay una carrera armamentística”. explica Irene Álvarez. El calibre de estas armas que circulan dentro del país es también un factor que preocupa a las autoridades, ya que en muchas ocasiones incluso los policías municipales están menos armados que estos grupos. “La capacidad de hacer daño ahorita es completamente grandilocuente”.
Barretts calibre 50, AR-15′s, drones y equipo táctico está convirtiendo regiones enteras de México en pueblos fantasma. “Nada te hace querer huir de tu hogar tanto como un arma apuntándote”, dice Ieva Jusionyte, profesora de la Universidad de Brown. “El flujo de armas y la proliferación de ellas en México está definitivamente asociado al desplazamiento forzado”, continúa Jusionyte. Así es como Linda tuvo tiempo para juntar apenas una muda de ropa y huir de su hogar junto a su familia.
En la frontera entre México y Estados Unidos hay miles de historias de mexicanos desplazados que se diluyen entre venezolanos, nicaragüenses, haitianos, afganos… En solo unos días en Tijuana una decena de mujeres compartió sus historias de violencia, extorsión y secuestro. “Así como a Estados Unidos le preocupan las muertes por sobredosis de fentanilo, en México nos preocupan las vidas que se pierden por homicidios, por armas de fuego que llegan al país de forma ilegal”, explica Cecilia Farfán, jefa de investigación en programas de seguridad en la Universidad de California San Diego.
Una mujer de Michoacán cuenta que seis días atrás mataron a su hija de cinco balazos en la esquina de su casa. No tuvo ni siquiera tiempo de enterrarla; se subió a un camión con sus dos hijos rumbo a Tijuana. Lisa Sánchez, de MUCD, dice que las estadísticas demuestran cómo las armas han afectado a las comunidades. “Siete de cada diez muertes violentas de mujeres se llevan a cabo con armas de fuego”, dice Sánchez, en el año 2000 eran sólo tres de cada 10.
Otra mujer de Michoacán nos cuenta de los videos que le envía su expareja portando un arma larga donde le dice que ya la tiene identificada. La amenaza con descuartizar a su hijo y después a ella. Otra de Guanajuato estuvo casi un mes secuestrada y tuvo que huir con su hermana y sus dos hijas. Otra más de Ixtapa, en Guerrero, puso una denuncia después de que no alcanzó a pagar las cuotas de su taquería.
Michoacán es un Estado que tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos; no solo por el aguacate, sino también por un flujo migratorio de décadas. Tan solo en 2022, las remesas llegaron a 5.000 millones de dólares. Pero las dinámicas migratorias están cambiando. Ya no son personas en busca de una mejor vida, son familias enteras desplazadas por violencia. Linda, por ejemplo, viajó con 25 familiares. Y el problema, al final, son siempre las armas. “En la medida en que tienes más personas que están armadas y que tienen esta capacidad de fuego importante, (...) esto lo que permite es que diferentes grupos justamente si quieren desplazar a personas de una zona, lo puedan hacer con la amenaza de violencia”, concluye Farfán.
Este reportaje fue posible gracias al apoyo del Pulitzer Center.

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