La FGR rechaza acuerdo reparatorio con Lozoya por caso Odebrecht: va por juicio en su contra
En una audiencia convocada este viernes, la FGR rechazó los intentos de la defensa de Emilio Lozoya por llegar a un acuerdo. En consecuencia, el juez inició la etapa de desechamiento de pruebas, previa a juicio.
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó un posible acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya Austin por el caso Odebrecht, por lo que un juez federal inició con el desahogo de pruebas previo a la apertura del juicio contra el exdirector de Pemex.
De esta forma, el juez Gerardo Genaro Alarcón López dio inicio a la etapa final del proceso contra el exfuncionario, con el desechamiento de diversas pruebas presentadas por la FGR en su contra. La institución se mantiene firme en pedir 46 años de cárcel para Lozoya.
Hasta el momento, las pruebas desechadas consisten en comprobantes de transferencias bancarias realizadas en Suiza y otros estados de cuenta de Lozoya que probarían su relación con empresas offshore de Odebrecht.
Sin embargo, el juez decidió continuar con el desahogo de pruebas hasta el próximo lunes a las 2:00 de la tarde, debido a que la defensa de Lozoya advirtió complicaciones en el estado de salud de la señora Hilda Austin, madre de Lozoya.
La defensa del exdirectivo especificó que aún tiene 18 pruebas por impugnar, mientras que la fiscalía busca sacar del juicio seis pruebas más: cuatro documentales y dos declaraciones.
Previo a entrar a la audiencia, Miguel Ontiveros, abogado defensor de Lozoya, se había dicho confiado en conseguir cerrar el acuerdo reparatorio, consistente en el pago de 200 millones de pesos, “cumpliendo así con el último requisito que hace falta de cara al criterio de oportunidad”.
A pesar de la situación, la defensa de Lozoya aún mantiene la esperanza de que las negociaciones con autoridades le permitan alcanzar un acuerdo.
Durante la audiencia, Lozoya hizo uso de la voz para adelantar que interpondrá un amparo con el cual busca desconocer a Pemex y la UIF como víctimas del caso. Esto, debido a que, dijo, al hacerse de más de 10.5 millones de dólares de manera irregular no generó daños patrimoniales a Pemex y al Estado mexicano.